El 5 de noviembre del año pasado, la Policía Metropolitana y la Sijín obtuvieron las primeras evidencias del fenómeno luego de intervenir la zona. Además de dosis de basuco, menores, armas y cocaína, en el operativo encontraron a 15 jóvenes que estaban trabajando en varios locales de la zona y que fueron enviadas a Cúcuta en bus, para su deportación.
“Vienen voluntariamente y saben a qué. Con una frontera tan porosa como la colombo-venezolana, solo necesitan de un pasaje de bus”, le explicó a EL TIEMPO uno de los investigadores.
Sin embargo, advirtió que en la capital hay grupos que las reclutan y, a sabiendas de su situación ilegal y de necesidad, las explotan en varios locales.
“Había información de que en El Castillo trabajaba un grupo nutrido. Pero por la hora del operativo (8 a. m.) y el hecho de que se alcanzó a filtrar antes de que llegara el CTI, no se encontró a nadie”, dijo la fuente.
Lo que hasta ahora se ha establecido es que los proxenetas sacan ventaja de las necesidades económicas del grupo de venezolanas, por la crisis que atraviesa su país. Y aunque las ofrecen a mayores precios a los clientes, bajo la etiqueta de que son extranjeras y nuevas en la zona, a ellas les dan menos dinero del que ganan las trabajadoras colombianas
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